Argentina no es un país pobre, es un país empobrecido. Durante décadas, la corrupción estructural y la mala administración han dilapidado recursos que podrían haber impulsado el desarrollo, económico y evitado el endeudamiento externo. Si los focos de corrupción se eliminaran de raíz, el país tendría margen financiero suficiente para afrontar sus compromisos sin recurrir, una vez más, al Fondo Monetario Internacional.
Se estima que al menos un 20% de cada inversión industrial o productiva en la Argentina termina en los bolsillos de intermediarios, un sobrecosto que paraliza el crecimiento y frustra el esfuerzo de quienes intentan construir un país más próspero. La evasión, el soborno y el desvío de fondos han generado un círculo vicioso de crisis, inflación y dependencia de organismos internacionales. A nivel global, el Fondo Monetario Internacional calcula que los sobornos representan un costo anual de 1.500 miles de millones de dólares, el 2% del Producto Bruto Interno mundial. Esto confirma que la corrupción no es solo un problema moral, sino un obstáculo concreto al crecimiento económico y a la estabilidad social.
De todas formas, la lucha contra la corrupción no siempre avanza. En febrero del 2025, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emitió una orden ejecutiva que suspendía la aplicación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, siglas en inglés). Esto debilitaría una de las herramientas más efectivas contra el soborno internacional, beneficiando a empresas sin principios éticos, afectando a países con instituciones frágiles.
Esto no les gusta a los autoritarios
El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.
Argentina ha vivido demasiados años bajo la lógica del “viva la fiesta”, “roban, pero hacen”, “tenemos que tratar de no robar por lo menos dos años en este país” (Barrionuevo), “pagué sobornos por el decreto” (Gabriel Romero, titular de Hidrovía, en referencia al decreto 113/2010 que fue firmado por Cristina Kirchner en el 2010 y prorrogó sin licitación la concesión para esa empresa hasta el 2021); y «hablar de campaña era un eufemismo: eran aprietes, coimas” (Juan Carlos De Goycochea, ex director de Isolux Corsán SA).
En noviembre de 2024, la Cámara Federal de Casación Penal ratificó la condena de seis años de prisión para la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por fraude al Estado El daño ocasionado se estimó en 85 mil millones de pesos. la pena de seis años de cárcel, e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Además, ahora con esta gran desventaja solo le queda concurrir a la corte en queja, último recurso. Sumado a esto no podrán entrar a Estados Unidos Cristina Kirchner y sus hijos por corrupción, disposición del departamento de estado que incluye a Julio De Vido. Por «abusar de sus cargos al orquestar y beneficiarse financieramente de múltiples esquemas de soborno».
También se investiga al exintendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, sospechado de blanquear dinero mediante viajes pagos en efectivo y compras a través de testaferros. A esto se suman investigaciones por el escándalo de «seguros» que involucran al expresidente Alberto Fernández y a la exministra Victoria Tolosa Paz, con un perjuicio fiscal estimado en 40 mil millones de pesos. Otros casos incluyen a Cristian Ritondo y Edgardo Kueider, ambos investigados por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
Hoy siguen apareciendo casos dudosos como Jesica Cirio, Elías Piccirillo, sumado a la investigación al exintendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, sospechado de blanquear dinero mediante viajes pagos en efectivo y compras a través de testaferros. Escándalo de «seguros» que involucran al expresidente Alberto Fernández, con un perjuicio estimado en 40 mil millones de pesos.
Y actualmente siguen algunas dudas con respecto al Caso $Libra (promoción de la criptomoneda $Libra, que rápidamente colapsó, causando pérdidas de 107 millones de dólares.
Acusaciones contra funcionarios de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA): Juan Pazo, titular de la ARCA, y su segundo, Andrés Vázquez, fueron acusados de ocultar sociedades en paraísos fiscales
Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT): Thierry Decoud, interventor de la minera estatal YCRT, fue destituido tras ser acusado de solicitar comisiones ilegales a través de intermediarios.
Quedan preguntas sin resolver es posible que, con poco cambio estructural, es legítimo preguntarse cuánto dinero perdido en corrupción podría haberse destinado a infraestructura, educación, salud o a reducir la carga de la deuda externa.
La solución no pasa solo por ajustes fiscales ni por la eterna renegociación de deudas. Requiere una decisión política firme: erradicar la corrupción, recuperar los fondos desviados y administrar con responsabilidad. Hay que atreverse a cortar de raíz el verdadero problema: la corrupción enquistada en el poder.
El compliance es una herramienta clave para prevenir la corrupción, pero no es una solución absoluta. Su efectividad depende de varios factores, como la voluntad política, la independencia de los organismos de control y la existencia de sanciones efectivas. No solo reduce el riesgo de sanciones legales, también mejora la credibilidad de las empresas y fomenta una cultura de ética e integridad. Argentina no puede permitirse seguir perdiendo recursos por la corrupción, ni condenar su futuro a la dependencia económica por falta de voluntad política.
La corrupción no es un destino inevitable, sino una elección que puede y debe ser revertida. Sin transparencia, no hay desarrollo sostenible, y sin justicia, no hay confianza en las instituciones. laberinto económico en el que está atrapada, debe empezar por sanear sus cimientos y erradicar la impunidad.
La corrupción no es solo robar dinero y bienes, los ciudadanos sienten que le roban sus esperanzas, sus sueños y su futuro.
hm cp