El Gobierno de Javier Milei anunció este lunes que reconocerá como crimen de lesa humanidad, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CDIH), el atentado contra el capitán Humberto Viola y su familia por parte del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). Así lo expresó el vocero presidencial Manuel Adorni, que también anunció la desclasificación de toda la información sobre el accionar de la última dictadura militar, en el marco del 49° aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.
La medida implica el «traspaso de estos archivos en manos de la SIDE a la órbita del Archivo General de la Nación«, indicó el Portavoz. Asimismo, desde la Oficina de la Presidencia sostuvieron sobre el asesinato de Viola y una de sus hijas que «la administración de Alberto Fernández, en representación del país, sostuvo ante la CIDH que este crimen no constituía un delito de lesa humanidad y que, por lo tanto, era prescriptible«.
Javier Milei ordenó la desclasificación de la documentación del accionar de las Fuerzas Armadas entre 1976 y 1983
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En contraste, el líder libertario tomó la decisión de acompañar el pedido de la familia Viola, instruyendo a la Secretaría de Culto y Civilización de la Cancillería Argentina para que reconozca ante el mencionado órgano internacional este caso, «ocurrido en el marco de un conflicto armado interno», según opinaron desde Casa Rosada.
El pedido para que esos crímenes fueran también declarados de lesa humanidad lo realizó María Cristina «Maby» Picón, viuda de Viola y madre de sus hijas, en noviembre de 2007 ante el Juzgado Federal Nº 1 de Tucumán, provincia en la que vivía la familia. El doble asesinato ocurrió 1° de diciembre de 1974 a pocas cuadras de la Casa Histórica, cuando el capitán conducía un Citroen AMI junto a su esposa embarazada de cinco meses de su hija Luciana, y sus pequeñas hijas María Cristina, de 3 y María Fernanda, de 5 años.
Era domingo y, como cada mediodía, la familia se juntaba a almorzar en la casa de los padres del integrante de las Fuerzas Armadas. Pero ese día, mientras Viola esperaba que su mujer le abriera el portón de ingreso al garaje las ráfagas de disparos lo sorprendieron y lo hirieron. El hombre no dudó en salir del auto y correr hacia una esquina. En ese momento, desde otro vehículo, un grupo de guerrilleros de apoyo lo remató en la esquina.
Además del capitán, también murió María Cristina, que fue alcanzada por una bala. A su lado estaba María Fernanda, que sobrevivió, pero sufrió una herida considerable en su ojo, que debió tratar durante en múltiples oportunidades en los años posteriores. Tras el atentado, el Partido Revolucionario de los Trabajadores calificó la muerte de María Cristina y las heridas a María Fernanda como «un exceso injustificable» y anunció que daba por terminada la campaña.
En octubre de ese año el ERP había anunciado que “ante el asesinato indiscriminado de nuestros compañeros, nuestra organización ha decidido emplear la represalia” y que ejecutaría militares ante la muerte de guerrilleros. En ese marco, el operativo en el que asesinaron a Viola y su pequeña hija estuvo a cargo del santiagueño Hugo Irurzun, quien fue acompañado por Francisco Carrizo, José Martín Paz, Rubén Jesús Emperador, Fermín Ángel Nuñez, Miguel Vivanco y el sueco-chileno Svante Grände.
Sin embargo, el caso de Viola y su familia tuvo sentencia: Paz, Emperador, Vivanco, Carrizo y Núñez, quienes fueron condenados a reclusión perpetua. Svante Grande e Izurzun cayeron en distintos enfrentamientos armados, pero los otros cinco estuvieron detenidos hasta que entre 1987 y 1989 comenzaron a salir en libertad (Vivanco murió en 1980). En 1989, el entonces presidente Carlos Menem firmó los indultos a excomandantes de la última dictadura y a jefes de guerrillas para lograr la «pacificación y la reconciliación nacional».
Irregularidades, condena a perpetua e indulto: cómo fue la causa judicial contra los guerrilleros que mataron a Humberto Viola
«Como si esto fuera poco, las familias de los asesinos cobraron indemnización de acuerdo a la ley 2.443 por haber estado detenidos durante el estado de sitio», relató el vocero Adorni en su anuncio de este lunes. Por su parte, «Maby» Picón inició una denuncia ante la CIDH por la violación del Estado Argentino de los derechos a la vida, a la igualdad ante la ley, a las garantías judiciales, y a la Protección Judicial, y por la violación del artículo 3 de las Convenciones de Ginebra de 1949, que resguardan la dignidad de las personas en los conflictos armados y prohiben el ataque a civiles inocentes en ningún caso.
En 2016 realizó la presentación para que el crimen de su esposo y su hija fueran considerados delitos de lesa humanidad para que se reabra la investigación y en 2021 falleció, a la espera de si se cancelaba el indulto presidencial. En 2022, la gestión de Alberto Fernández sostuvo ante el organismo internacional de DD.HH. que este crimen no constituía un delito de lesa humanidad.
24 de marzo: La carta de la hija del capitán Viola
Luego de que el Gobierno confirmara la noticia en torno al caso del capitán Viola y su hermana María Cristina, María Fernanda escribió una carta titulada “Cincuenta años de impunidad” y reconoció el gesto y la «hidalguía» de la administración de Milei por reconocer ante la CIDH el atentado como un delito de lesa humanidad.
«Han pasado cincuenta años desde aquel primero de diciembre de 1974, cuando, en pleno gobierno constitucional, el ERP cometió uno de sus atentados más aberrantes, en el marco del ataque sistemático a la población civil llevado adelante para sustituir la república por un régimen marxista.
Cincuenta años desde que oí los gritos desesperados de mi madre, María Cristina Picón de Viola, al ver, embarazada de cinco meses, cómo eran vilmente asesinados a traición mi padre, el Capitán Humberto Viola, mi hermana María Cristina, con sólo tres años, y yo, con mis cinco años, quedaba gravemente herida salvando mi vida luego de ocho operaciones.
Cincuenta años en que, sin dejarnos invadir por el odio, reclamamos vanamente justicia, siendo convertidos en los desaparecidos de la memoria pública. Durante los mismos hemos sufrido mucho al ver como los distintos poderes del estado blindaban con un manto de impunidad a los miembros de la guerrilla, ocultando la existencia de normas internacionales que consideraban sus crímenes de lesa humanidad.
Sufrimos cuando se hacía la abierta apología de sus crímenes; sufrimos cuando se sustituía la historia por el maniqueo y parcial relato de la memoria; sufrimos cuando éramos convertidos en meros objetos a asesinar o herir por la espalda; sufrimos cuando se ocultaba la responsabilidad de jueces, políticos, intelectuales, educadores y religiosos en la tragedia, y ellos negaban, sin arrepentirse de nada, la existencia de una guerra revolucionaria, pese a estar ésto expresamente admitido, con autoridad de cosa juzgada, por la sentencias de la Cámara Federal y de la Corte Suprema, dictadas en la causa 13/84 en que se juzgara a los comandantes. (Ver: capítulo sexto sentencia Cámara Federal, situación preexistente al 24.3.76).
Niegan la guerra revolucionaria, ocultando a los jóvenes los párrafos de esa sentencia y lo que hubiera ocurrido con nuestras vidas, con nuestros bienes, de haber triunfado la guerrilla. Deberían leer la confesión del oficial primero de Montoneros, Héctor Leis, quien, en ‘Testamento de los años 70’, reconoció que se estimaban en quinientas mil personas las víctimas necesarias para hacer triunfar la revolución.
Hoy, 24 de marzo, siento el profundo orgullo de saber que mi madre no bajó nunca sus brazos. Una y otra vez sostuvo que para el dolor no hay ideologías: ‘Todas las madres debemos tener los mismos derechos. Hemos sufrido por igual y vivido el mismo dolor. Debemos tener las mismas consideraciones, ser dignas de respeto por parte de quienes nos gobiernan. Las madres de las victimas de la subversión somos discriminadas’, dijo, al hablar en la Plaza San Martín.
No dándose jamás por vencida denunció, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con el patrocinio del Dr. Javier Vigo Leguizamón, la violación,por el Estado Argentino de los derechos a la vida, a la igualdad ante la ley, a las garantías judiciales y a la Protección Judicial, contemplados en los artículos 4, 8, 24, y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos , e igualmente del art 3 común de las Convenciones de Ginebra de 1949, que resguardan la dignidad de las personas en los conflictos armados, estableciendo que no se puede atacar, ni atentar, contra los civiles inocentes, en ningún tipo de conflicto armado, sea nacional o internacional.
Mediante el Acuerdo de Solución Amistosa arribado en la Petición P-1217-16 ‘María Cristina Picón Viuda de Viola y Otras’, el Poder Ejecutivo de la Nación, a través de su Presidente Dr. Javier Milei, ha reconocido hidalgamente la responsabilidad internacional de Argentina por la violación de los derechos alegados en la petición, admitiendo que a la luz de la doctrina fijada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su Informe 55/97, emitido al analizar el ataque del Movimiento Todos por la Patria, al regimiento de La Tablada, que —destaco— la Corte Suprema aplicara en la causa ‘Arrillaga’, el atentado sufrido por el Capitán Humberto Viola y su familia se produjo en el marco de un conflicto armado interno que fue clara y públicamente reconocido por el ERP, constituyendo un crimen de lesa humanidad.
Revisando la posición anteriormente asumida por el gobierno del Dr. Alberto Fernández, ha considerado que el rechazo a la denuncia formulada por mi familia, efectuado por tal administración, obedeció a una visión sesgada e ideologizada que no se condice con el objeto y fin de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto niega el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación de las víctimas del caso.
Se ha comprometido también a someter a consideración del Poder Legislativo de la Nación un proyecto de ley que declare la imprescriptibilidad de los crímenes de las organizaciones terroristas. Homologado que sea el acuerdo por la CIDH, requeriremos ante la justicia argentina el juzgamiento de los autores directos y mediatos, que no fueron condenados».
FP/ML