El ministro Caputo confirmó que el gobierno argentino solicitó al staff del FMI una cifra de 20.000 millones de dólares en el marco del acuerdo que se discute con el organismo internacional.
Los dichos del ministro ocurren en momentos de fuerte presión para una devaluación de la moneda local.
Vale recordar que el ministro habló hace unos días con la intención de calmar los ánimos y presiones sobre el tipo de cambio y la embarró, ya que aludió q que “habría cambios” en la política cambiaria.
Con esa noticia, los operadores en el mercado de cambio, una minoría con capacidad de ahorro e inversión salieron a dolarizarse, elevando los tipos paralelos, superando los 1.300 pesos por dólar, quebrando la lógica de la tablita (1% mensual).
Por eso, el ministro debió salir a intentar calmar a las fieras y enunció el monto del nuevo endeudamiento solicitado al FMI. Todavía resta que el Directorio del organismo lo autorice e incluso, luego de ello, cuál será el cronograma de desembolsos.
Por ahora, los principales países del sistema mundial, con peso en el FMI, son favorables al apoyo al gobierno de la ultraderecha en la Argentina.
Duplicar las Reservas
Además, Luis Caputo divulgó que está en tratativas con el Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Corporación Andina de Fomento (CAF), para financiamiento que permitan redondear unos 50.000 millones de dólares de Reservas internacionales (RRII), las que hoy están en unos 26.500 millones de dólares.
A comienzos de enero del 2025 las RRII alcanzaron casi 33.000 millones de dólares, por lo que en menos de tres meses se perdieron unos 6.500 millones de dólares, que se quemaron en favor de acreedores externos por cancelación de deuda y para otros mecanismos de salida o fuga de capitales.
Lo que escuchamos de parte del funcionario a cargo de la política económica es que la Argentina sumará más deuda y dependencia, con un lógico resultado de más ajuste perpetuo en desmedro de derechos sociales de la población.
Caputo develó el misterio del monto solicitado y en debate, pero nada dice del cronograma de desembolsos, que lo suponemos en cuenta gota y asociado a los vencimientos del préstamo del 2018 renegociado en 2022.
Dice Caputo que son recursos para fortalecer el balance del BCRA. En ese sentido, la duda remite a cuánto de esos desembolsos podrán ser utilizados por el gobierno para sostener la actual política cambiaria, un interrogante que recorre la corrida cambiaria de estos últimos días.
Inversores piden levantar restricciones
Parece que el gobierno pierde confianza entre los principales operadores del mercado financiero, en un contexto en que las inversiones no terminan de definirse, pese a los beneficios del RIGI, mientras no haya garantías de libre disponibilidad de los excedentes, es decir, que se levanten las restricciones al movimiento internacional de capitales, especialmente a la salida, lo que vulgarmente se denomina CEPO.
Esa es la interna del debate en el gabinete de Milei, con Sturzenegger que propone la urgente liberación del mercado cambiario y Caputo que se aferra a la tablita, en tanto ancla cambiaria para contener la suba de los precios.
Milei estira la apuesta por el actual ministro con un ojo puesto en el índice de inflación, aun sabiendo que es un indicador desactualizado, pero que actúa en las expectativas esperanzadas de millones de personas empobrecidas que sustentan el consenso político en el gobierno.
Es cierto que es un consenso que se deteriora por errores no forzados, sea el discurso en Davos contra la diversidad sexual; la estafa de la cripto moneda $Libra; la designación por decreto de dos jueces de la Corte Suprema y la fortísima represión a una causa que gana simpatía y solidaridad en la sociedad, como es el caso de la lucha de jubilados y jubiladas.
Horizonte regresivo y alternativa
Más deuda y condicionantes para la política económica local, que auguran más y mayor ajuste en un horizonte más allá de la coyuntura.
La deuda es impagable y promueve mayor achique del gasto público y profundas reformas reaccionarias en material laboral, previsional y tributaria, con más liberalización de la economía.
En 2019 se debió impugnar el préstamo del 2018 y generó la agonía y el perjuicio sobre el conjunto de la población empobrecida que sufre el ajuste y la reaccionaria política en curso, responsabilidad del gobierno y sus cómplices en gobiernos provinciales y los poderes legislativo y judicial.
La demanda es por un amplio movimiento social de rechazo a las negociaciones con el FMI y al repudio de esa deuda odiosa, lo que supone confrontaciones con el poder económico local y global y por ende, una amplia base de apoyo político para un rumbo alternativa de la economía en el país.