El Gobierno prorrogó la emergencia del sector energético nacional y la intervención de los entes reguladores de electricidad y gas hasta el 9 julio de 2026. La medida fue comunicada a través del Decreto 370/2025, que lleva las firmas de Javier Milei y todo su gabinete y fue publicado este lunes en el Boletín Oficial.
El texto establece la extensión de “la emergencia del Sector Energético Nacional declarada por el Decreto N° 55 del 16 de diciembre de 2023 y prorrogada por el Decreto N° 1023 del 19 de noviembre de 2024”, que abarca los segmentos de generación, transporte y distribución de energía eléctrica bajo jurisdicción federal y de transporte y distribución de gas natural.
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El decreto también dispone la prórroga de la intervención vigente sobre el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) hasta la misma fecha o hasta que se constituya un nuevo organismo, según la Ley Bases (27.742).
A su vez, con el objetivo de continuar con el esquema de reestructuración de los regímenes y definir los mecanismos de asignación y de los subsidios por parte de los usuarios, la medida incluye la extensión del plazo del “período de transición hacia subsidios energéticos focalizados”, iniciado en junio de 2024.
En paralelo, el Ejecutivo llamó a las provincias a coordinar con la Secretaría de Energía las acciones de emergencia necesarias para asegurar la prestación de los servicios de distribución de electricidad que correspondan a su jurisdicción, “así como la aplicación de las medidas que resulten de la reestructuración de los subsidios”.
El decreto señala entre los argumentos que las circunstancias que motivaron la declaración de emergencia persisten, como la cobertura insuficiente del costo de abastecimiento y el estado crítico de la infraestructura, lo que requiere continuar con la política de reducción del subsidio al precio estacional en el mercado eléctrico mayorista.
Además, el Gobierno remarcó la necesidad de adoptar medidas que permitan superar la situación de emergencia generada por las condiciones económicas y sociales que la Nación “padece como consecuencia de decisiones intervencionistas adoptadas por administraciones anteriores” y la “gravísima herencia institucional, económica y social”.
En este contexto, señalan que la referida herencia se ha verificado en la vulnerabilidad y el estado crítico del sistema económico recaudatorio, en la funcionalidad de las instalaciones para asegurar el suministro actual y futuro, y en la falta de señales de mercado para la oferta y la demanda.
Como consecuencia, el texto que lleva las firmas del gabinete nacional asegura que es “necesario y urgente extender la declaración de emergencia por un año” con el fin de permitir la continuidad en la prestación de los servicios públicos de transporte y distribución de energía eléctrica y de gas natural.
Otro de los aspectos de la normativa incluye la reconstrucción del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) a través de la reducción de restricciones regulatorias y nuevas reglas de contratación desde noviembre de 2025.
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La decisión se enmarca dentro de la Ley Bases, que estableció la “emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética” por un año en junio de 2024. En materia energética, la emergencia fue declarada por primera vez en diciembre de 2023, y prorrogada por primera vez en noviembre de 2024 hasta julio de 2025.
En el último año, el Gobierno avanzó en la modificación del mecanismo de inscripción automática en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) y nuevos criterios para la reestructuración del esquema de subsidios.
Uno de los cambios incluyó la recategorización automática de 15.000 usuarios que viven en Puerto Madero y en barrios cerrados de la provincia de Buenos Aires que estaban registrados como ingresos medios o bajos, pero contaban con un «gasto promedio similar al de una PYME promedio en Argentina».
TV/fl