El Concejo Deliberante de Salta rechazó la renuncia del concejal de la Libertad Avanza Pablo López y habilitó una comisión de juicio político para estudiar su salida del Legislativo local. El referente de LLA fue denunciado por una militante libertaria que lo acusó de violencia de género y extorsión sexual.
López no se presentó a la sesión celebrada este miércoles 23 de junio en la que, de acuerdo al comunicado oficial, se tratarían “asuntos relativos a la conducta de un miembro del Cuerpo”.
El legislador presentó su renuncia a su cargo de concejal cuando se conoció la denuncia en su contra. Luego, las autoridades locales de LLA decidieron expulsarlo y, además, fue cuestionado por dirigentes libertarios nacionales y por influencers como el Gordo Dan, que lo había apoyado originalmente en su candidatura.
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Este 23 de julio, el Concejo Deliberante de Salta determinó armar una sesión para tratar el juicio político contra el edil sin aceptar su renuncia para que, junto a la sanción de la Justicia, reciba otra del cuerpo parlamentario local. La negativa a aceptar la renuncia de López también tiene otro motivo: el joven resultó reelecto en su cargo, y su nuevo periodo arrancaría en diciembre: una exclusión serviría para establecer un precedente jurídico que cancelaría, de manera definitiva, ese retorno.
La mayoría de los ediles rechazaron la renuncia y aprobaron la convocatoria a la Comisión de Disciplina, Juicio Político y Responsabilidad Patrimonial.
La bancada libertaria remarcó que ya no tienen vínculos con López. La edil Laura Jorge Saravi, integrante del bloque de LLA, señaló que se pusieron en contacto con la víctima y aprovechó para hablar de “hechos similares” que comprometerían al PJ: «¿Cómo actuaron cuando tomaron conocimiento de hechos similares, desde Perón, Alberto o Cristina? Hay varios concejales que están ocupando bancas con hechos de violencia. ¿Cómo actuaron? Hicieron como que acá no ha pasado nada”.
Según el diario “El Tribuno”, el concejal peronista Martin Del Frari le contestó: “Hoy trajeron un manifiesto escrito para embarrar la cancha y desviar la discusión sobre lo que está pasando en su propio espacio político”.
Otro edil del PJ, Gustavo Farquharson, pidió que «no se acepte la renuncia”, y señaló que “la violencia no es un error, es un delito. Se ha sostenido durante mucho tiempo y en ese sector nadie hizo nada. Como institución no podemos mirar para otro lado. No alcanza con que se vaya. Es necesario arrojar luz sobre un hecho tan grave como el que se está denunciando”.
También Raúl López, padre del joven acusado, presentó su renuncia como Convencional Municipal, cargo que obtuvo en las elecciones del 11 de mayo como candidato de LLA Salta.
La denuncia contra el exedil Pablo López
López es investigado por la Fiscalía de Violencia de Género por violencia psicológica, económica y sexual. Todo comenzó cuando una militante acusó al entonces concejal de pedirle favores sexuales a cambio de dinero.
El escándalo estalló públicamente el miércoles 16 de junio, cuando FM Infinito mostró la denuncia formal y, a continuación, puso al aire una conversación que habrían tenido López y su denunciante. “Querés hacer caja con 500 mil pesos al mes, porque mi sueldo era de 500, pero te quedás con 200 y me quedan 300”, dice la víctima Y el hombre le contesta: “No me forrees, dejá de forrearme y te voy a escuchar. Yo te ofrecí una solución para todos tus problemas y vos no aceptaste. Por cada chupada de pito te descontaba 10 mil pesos”.
Apenas se viralizó esta noticia, La Libertad Avanza Salta publicó un comunicado expresando que su partido “se rige con absoluto apego a la ley y a los principios que hacen a una república transparente. El respeto a la Justicia, la búsqueda de la verdad, la honorabilidad de nuestros miembros y el compromiso con una política de ‘ficha limpia’ son atributos indispensables y exigibles en todos los niveles de responsabilidad”.
Luego, en referencia a la denuncia contra Pablo López, aseguraron: “Confiamos en el accionar de la Justicia y estamos convencidos de que es la instancia judicial quien debe esclarecer los hechos, sin operaciones mediáticas ni condenas anticipadas, pero también sin encubrimientos que se presente a suspicacia alguna”.
Tras estos cuestionamientos, el concejal presentó su renuncia, afirmando que su decisión era consecuencia de “un profundo sentido de responsabilidad institucional”, porque prefería “dar un paso al costado antes que ser funcional a operaciones que nada tienen que ver con el bienestar de los salteños. No se puede servir a la ciudadanía bajo condiciones de hostigamiento político y persecución personal”.
HM