Florida atraviesa un año marcado por profundos cambios en su marco legal migratorio, con un paquete de leyes impulsado por el gobernador Ron DeSantis y alineado con las políticas del presidente Donald Trump que apunta a reforzar el control sobre la inmigración irregular. Algunas medidas fueron cuestionadas en los tribunales, al tiempo que las comunidades de extranjeros ya sienten el impacto.
Esta legislación impulsada por el mandatario estatal republicano amplía la coordinación entre autoridades estatales y locales con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
Además, suma nuevas restricciones contra indocumentados.
Diseñada para frenar el ingreso por mar, esta ley regula el manejo de embarcaciones improvisadas usadas por migrantes procedentes de Cuba, Haití y otras islas del Caribe.
Esta norma busca proteger a inmigrantes vulnerables frente a fraudes cometidos por personas que se presentan como asesores legales sin serlo.
Esta normativa define como “extranjeros no autorizados” a quienes carecen de estatus migratorio legal en Estados Unidos y establece un régimen de penalizaciones más severo para la entrada irregular a Florida.
Según documentos judiciales, la Corte Suprema de EE. UU. suspendió temporalmente su aplicación en julio de 2025 por posibles violaciones constitucionales. Sin embargo, las autoridades estatales mantuvieron su aplicación para arrestos basados en sus disposiciones.
Dentro de su estrategia de control, Florida habilitó instalaciones específicas para alojar a personas en proceso de deportación.