El ministro de Defensa, Edmundo Novillo, arremetió contra el sector privado por su pedido de liberar la importación de combustibles ante la escasez. Según la autoridad, los empresarios buscan desmantelar la ineficiente YPFB para quedarse con el negocio de los hidrocarburos. La autoridad acusó a los privados de aprovechar la crisis de abastecimiento, «Quieren que entreguemos el mercado de los hidrocarburos sin restricciones».
El ministro masista señaló que el sector privado ha sido beneficiado por la subvención de los combustibles. Dijo que gracias a este apoyo estatal han logrado exportaciones y grandes ganancias. Aseguró que ahora buscan eliminar a YPFB para controlar la exploración y comercialización.
La crisis de abastecimiento de combustibles ha generado largas filas en estaciones de servicio. La escasez ha impactado en diversos sectores productivos del país. En este contexto, empresarios de Santa Cruz han pedido al régimen que se autorice la libre importación para resolver el problema y garantizar el abastecimiento.
Novillo rechazó tajantemente esta propuesta, calificándola de política e irreal porque liberar el mercado pondría en riesgo la soberanía del país. Dijo que solo el Estado debe mantener el control del sector para garantizar precios accesibles. «Si se privatiza, los precios se dispararán y el pueblo será el más afectado», advirtió.
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Las declaraciones del ministro contrastan con la realidad de miles de bolivianos que deben hacer largas filas durante días en los surtidores para conseguir un poco de combustible. El debate sobre la importación de combustibles se trasladó a la Asamblea Legislativa.
El oficialismo defiende la necesidad de mantener la regulación estatal. La oposición, en cambio, critica el monopolio de YPFB y su incapacidad para garantizar el abastecimiento. Legisladores opositores han señalado que el modelo estatal ha fracasado.
Así mismo, el Gobierno sostiene que el bloqueo de créditos en la Asamblea dificulta la importación de combustibles. Novillo hizo un llamado a los legisladores para aprobar los préstamos internacionales. «Necesitamos recursos para garantizar el abastecimiento y estabilizar la economía», afirmó.
¿El problema se resuelve con los créditos?
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Sin embargo, la oposición considera que el Gobierno solo busca excusas para justificar la crisis. La diputada María René Álvarez calificó las declaraciones de Novillo como desatinadas. Aseguró que el problema es estructural y responde a un modelo económico fallido e indicó que la falta de transparencia en la administración de recursos agrava la situación.
El diputado Jaime Rivas, del MAS, respaldó la posición del Gobierno. Afirmó que la aprobación de créditos es una medida necesaria y no un favor al oficialismo. «Quieren desestabilizar el país y echar la culpa al Gobierno», denunció.
Desde el sector privado se insiste en que el problema puede resolverse con la apertura del mercado. El empresario Branko Marinkovic aseguró que se podría importar combustible a menor precio y sostuvo que el Gobierno mantiene trabas burocráticas para no perder el control del sector. «Nos quieren obligar a depender de YPFB cuando la solución está a la mano«, afirmó.
Desde Cainco rechazan los señalamientos del ministro Novillo y consideran injusto culpar a los empresarios cuando la responsabilidad es del régimen. Señalan que la crisis de abastecimiento demuestra la ineficiencia del monopolio estatal. «No se puede sostener un modelo que ha fracasado«, indicaron en un comunicado.
Novillo, por su parte, insistió en que el bloqueo legislativo es parte de un plan de desestabilización. El ministro citó declaraciones de políticos que han sugerido un cambio de Gobierno ante la crisis económica. «No podemos permitir que intereses políticos pongan en riesgo la estabilidad del país», afirmó.
En medio de este conflicto, la población enfrenta dificultades para abastecerse de combustible. Transportistas y productores han expresado su preocupación por el impacto en sus actividades, advirtieron que esto puede provocar alzas de precios y desabastecimiento de productos. «Necesitamos una solución urgente», reclaman.
Mientras tanto, el Gobierno sostiene que está trabajando para normalizar el suministro. Novillo aseguró que se están tomando medidas para mejorar la distribución. Sin embargo, no ofreció plazos concretos para solucionar el problema, «Estamos haciendo todos los esfuerzos necesarios».
En este contexto, resulta contradictorio que el Gobierno insista en mantener restricciones mientras la población sufre por conseguir combustible. Si el problema radica en la falta de recursos, por qué prohibir que el sector privado ayude a resolver la crisis. El régimen masista parece más preocupado por preservar su control que por aliviar el sufrimiento de la gente.