El gobierno mira con atención el impacto internacional de la condena contra Cristina. Con la confirmación de la Corte Suprema, la estrategia de la ex presidente pasará por la presión internacional a través de la sumatoria de apoyos políticos como el de Claudia Sheinbaum y Lula y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Sheinbaum incluso le pidió a su Cancillería que analice la posibilidad de un repudio a la condena en conjunto con el gobierno de Lula y del colombiano Gustavo Petro.
Un diplomático muy cercano a la administración libertaria reconoció a LPO que el impacto internacional de la ex presdienta generó «una situación incómoda, tres de cuatro socios del Mercosur se solidarizaron con Cristina y dos de los tres países latinoamericanos del G20 también».
LPO adelantó en exclusivo que el Grupo de Puebla es uno de los sectores que lidera la ofensiva internacional contra el fallo, a través del Consejo Latinoamericano de la Justicia y Democracia que lideran la abogada brasileña Carol Proner y el ex juez español Baltasar Garzón. Se trata de dos abogados con buenos contactos en los ámbitos de la justicia internacional.
El equipo jurídico del Grupo Puebla cree que «el avance de Donald Trump y Milei sobre Cristina es evidente, bochornoso e ilegal» y por eso la decisión es presentarse ante la CIDH.
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Un abogado que integra el equipo jurídico del Grupo Puebla explicó a LPO que «todavía no están definidos los pasos, pero sí la decisión hacer una presentación ante la Corte Interamericana, pero ahora están todos con el tema de si le dan la domiciliaria».
Todavía no están definidos los pasos, pero sí la decisión hacer una presentación ante la Corte Interamericana. Pero ahora están todos con el tema de si le dan la domiciliaria.
En efecto, LPO reveló que los jueces que condenaron a Cristina quieren endurecer sus condiciones de detención para limitarle al máximo su actuación política y no descartan negarle la domiciliaria o revocársela en cualquier momento.
Además, se está conformando el Comité por la Libertad de Cristina, en un esquema parecido al realizado para reclamar la liberación del ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, donde confluyen juristas y abogados de distintos países para realizar acciones de defensa de Cristina a nivel internacional.
En esa línea, en el Partido Justicialista reunieron a todos los dirigentes vinculadas con relaciones internacionales del peronismo para realizar acciones conjuntas.
Se están conformando así tres frentes de acción para defender a Cristina en el plano internacional. El Grupo de Puebla con Proner y Baltazar Garzón, los abogados personales Cristina como Carlos Beraldi y el Partido Justicialista en coordinación con los aliados regionales como el PT de Brasil, Morena en México y hasta algunos se animan a sumar al Partido Comunista de China con quien el PJ tiene una relación cercana e institucional.
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Uno de los abogados que está trabajando en la defensa de la ex presidenta aclaró que antes de llegar a la Corte Interamericana deben agotarse las instancias institucionales dentro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. «El reclamo puede ser una petición individual ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, realizada por Cristina como persona afectada; sus representantes legales; o un tercero, que puede ser una ONG, un abogado o un ciudadano con interés legítimo», explicó el abogado consultado.
El reclamo puede ser una petición individual ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, realizada por Cristina; sus representantes legales; o un tercero, que puede ser una ONG, un abogado o un ciudadano con interés legítimo.
Una vez hecho el pedido alegando violaciones a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la CIDH evalúa si se cumplen los requisitos formales como el agotamiento de recursos internos, el plazo de 6 meses desde la última resolución judicial definitiva y la no duplicación, es decir, que no este en estudio el caso en otra instancia internacional.
Si la CIDH admite la denuncia, estudia el caso y determina que hubo violación de derechos (ejemplo, debido proceso, persecución política, etc), emite informe de fondo que incluye und etalle con todos los hechos y derechos violados y recomendaciones al estado argentino. En esta instancia si el estado no cumple , la CIDH puede mandar el caso a la Corte Interamericana.
Si la Argentina no cumple con las recomendaciones dentro de un plazo estimado, puede condenar al Estado argentino, ordenar reparaciones y eventualmente exigir la nulidad del fallo o medidas para restituir derechos como el ser candidata.
La abogada Andrea Pochak representa a la Argentina en la Corte Interamericana, pero al ser argentina no tiene voto en el caso de Cristina.
«Hay que tener en claro que la Corte Interamericana no es un tribunal de alzada o apelación de la justicia argentina. No tiene la facultad de dejar sin efecto una sentencia de la Corte Suprema de la Argentina. Pero en caso que acepte los argumentos de violación al debido proceso, puede dictaminar que Argentina violó el Pacto de San José de Costa Rica y pedir a Argentina que adecue su conducta, por ejemplo, mediante un nuevo juicio», puntualizó el abogado consultado.
El problema es que un pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra un gobierno es un durísimo golpe internacional, que se suma a la condena de la OEA que ya recibió la Argentina por los ataques del gobierno a la prensa.
Es una situación incómoda. Tres de cuatro socios del Mercosur se solidarizaron con Cristina, dos de los tres países latinoamericanos del G20 también.
Por eso, en el gobierno de Milei están molesto por los costos que puede generarle esta situación tanto en las cumbres políticas como en otros ámbitos globales a partir de la denuncia en la justicia internacional.
Un diplomático con experiencia en organismos internacionales dijo a LPO que «la condena a Cristina ahora estará presente en todas las instancias de representación. Los embajadores estaban complicados para lograr consensos antes de esto, ahora será peor».
«Milei cree que con el apoyo de Estados Unidos alcanza para defender esta condena, pero el mundo y los acuerdos que tiene Argentina con otros países, especialmente con la región son muchos», agregó.
«Decimos que somos la salvación de los valores de la libertad de Occidente y tenemos a la líder de la oposición presa, eso nos quita prestigio internacional», concluyó el diplomático.